La semana legislativa cerró con una agenda cargada y definiciones que marcaron un punto de inflexión en varios frentes. El Senado logró dar media sanción a la ley antitrapitos, pero con un esquema que traslada a los municipios la responsabilidad de aplicarla, un gesto que reconoce la autonomía local pero también diluye el impacto de la norma. En Diputados, en cambio, la reforma del Código Procesal Laboral avanzó con una votación más ajustada que reflejó las tensiones de fondo sobre cómo abordar la litigiosidad que convierte a Santa Fe en la provincia con más juicios laborales del país. Y en medio de todo eso, un escándalo irrumpió en los pasillos: la apertura de un sumario policial contra Luis Gorosito, el denunciante del senador radical Oscar Dolzani, desató una denuncia de persecución que sacudió al oficialismo.
Después de semanas de idas y vueltas, el Senado le dio media sanción al proyecto que prohíbe la actividad de cuidacoches en toda la provincia. La iniciativa del senador rosarino Ciro Seisas establece sanciones que van desde trabajo comunitario hasta arresto en casos de reincidencia, y crea un registro para derivar a los cuidadores en situación de vulnerabilidad a programas de empleo formal. Un dato que el propio Seisas repitió: en el centro de Rosario hubo más de 1.200 reclamos de vecinos desde 2025..
La norma modifica el Código de Faltas provincial para incorporar una nueva contravención específica: la prohibición de cualquier actividad de reserva, administración o cuidado de espacios de estacionamiento en la vía pública cuando se realice sin autorización oficial y a cambio de dinero. Las penas se agravan cuando la actividad se desarrolla en zonas de estacionamiento medido o en inmediaciones de eventos públicos masivos, con un alcance de hasta 20 cuadras a la redonda.
Pero la norma que salió del Senado no es exactamente la que Seisas había imaginado. En el último tramo del debate, los legisladores introdujeron un cambio clave: la aplicación concreta de la ley quedó en manos de cada municipio. Si se aprueba en Diputados, cada intendente deberá adherir mediante ordenanzas propias y definir los alcances según la realidad de su ciudad. El argumento fue la defensa de la autonomía municipal.
Durante la sesión, Seisas defendió la iniciativa y la enmarcó en una discusión más amplia sobre el orden público. “Estamos convencidos de que el espacio público en un régimen democrático, en un estado de derecho, es sagrado. Queremos recuperarlo así como se avanzó en la recuperación de la paz y del orden, de manera contundente, con números reales y con métricas que acompañan esa descripción de la realidad”, sostuvo.
El senador trazó una línea histórica: “Hubo una primera generación de personas que en plena crisis 1999-2001 pedían permiso, pedían oportunidad para llenar la olla. El problema no era ese, sino que se procedió en los años subsiguientes a una romantización de la marginalidad, a una romantización de la figura del excluido al que en lugar de darle herramientas se le contribuía sosteniendo su actividad y permitiendo que el desorden fuese imponiendo una ley de la selva”. Y fue más allá: “Romantizar la marginalidad nos salió caro. Un cuarto de siglo discutiendo lo que hoy registra un avance”.
Seisas también detalló los números que justifican la norma: entre 2023 y 2024 se identificaron 573 cuidacoches sólo en Rosario; en 2023 la línea 147 registró 882 denuncias y al 911 ingresaron 2.259. “En los primeros meses de 2025 se aprehendieron 205 cuidacoches. La proyección ya nos da que va a duplicar al año pasado, porque hay detenciones cuando hay amenazas, cuando hay extorsión, cuando hay violencia, es decir, cuando la situación escaló”.
En la misma sesión, el Senado dio sanción definitiva a la adhesión de Santa Fe a la Ley Nacional Antimafia, una iniciativa que había obtenido media sanción en Diputados en julio del año pasado y que finalmente se convirtió en ley provincial con el respaldo de todos los bloques. La norma busca fortalecer la investigación y persecución del crimen organizado, con mecanismos como zonas de investigación especial delimitadas por resolución judicial, facultades de urgencia para allanamientos exprés, escuchas, incautación inmediata de bienes y penas agravadas de 8 a 20 años para quienes integren organizaciones criminales.
La reforma del Código Procesal Laboral
En Diputados, la reforma del Código Procesal Laboral obtuvo media sanción tras un debate que expuso varias miradas. El proyecto, impulsado por el radical José Corral, busca bajar la litigiosidad que convierte a Santa Fe en la provincia con más juicios laborales del país. Los autores del proyecto expusieron sus números: la tasa de juicios por cada 10.000 trabajadores duplica al promedio nacional; los expedientes nuevos pasaron de 8.500 en 2022 a 16.500 en 2024; el sobrecosto para el sector productivo se estima en 100 millones de dólares anuales.
La propuesta modifica el sistema de pericias y honorarios para eliminar lo que el oficialismo define como un “incentivo perverso”: que los peritos cobren en función del resultado del juicio. Y también crea un cuerpo especializado dependiente del Poder Judicial y fija honorarios.
El diputado José Corral defendió el proyecto con números: Santa Fe paga por ART un promedio del 4% sobre la masa salarial, contra 2,78% de media nacional y 3,50% de Córdoba. La diferencia se explica por la litigiosidad desproporcionada: 296 juicios cada 10.000 trabajadores, contra 127 en Córdoba.
El diputado socialista Joaquín Blanco, presidente de la comisión de Asuntos Laborales, advirtió sobre la crisis del sistema de ART y definió la reforma como “un primer paso”. “Esto va a necesitar de la capacidad de todos para seguir revisándolo. Necesitamos un trabajo mancomunado del Poder Ejecutivo, la Corte y la Legislatura”, sostuvo.
La diputada Lucila De Ponti, en nombre del interbloque justicialista, adelantó el voto negativo: “Nos parece importante trabajar para reducir la litigiosidad, pero sinceramente creemos que con este proyecto no se va a alcanzar ese objetivo. El diagnóstico está errado: desplaza el problema hacia el proceso judicial cuando lo que hay que resolver es el mal funcionamiento del sistema de ART”.
Su compañera de interbloque Celia Arena profundizó: “El problema no está en los accidentes de trabajo sino en las enfermedades profesionales. Las comisiones médicas las rechazan habitualmente y hoy, en todo el proceso, lo único que se analizan son papeles. Al trabajador no lo revisa nadie hasta que va a la Justicia”.
El diputado Carlos Del Frade (FAS) fue el más duro en su rechazo: explicó que desde la adhesión a la ley de ART, en Santa Fe hubo 210.266 accidentes laborales y enfermedades profesionales, y 370 trabajadores murieron. “¿De qué hablan cuando dicen que descendieron los accidentes? Mentira. El problema no son las ganancias de las ART, el problema es darle la mejor condición medioambiental de trabajo a cada trabajador”, sostuvo.
El diputado socialista Mariano Cuvertino valoró el espíritu de la reforma pero puso el foco en los límites: “Coincidimos con las mejoras en la esfera judicial, pero también creemos que hay que abordar las dificultades en sede administrativa, y ahí tenemos un límite que nos fija la legislación de fondo”. Y adelantó: “La provincia de Santa Fe se debe una reforma profunda en la justicia laboral”.
El proyecto fue aprobado en general por 32 votos a 14. Votaron en contra los 9 diputados del peronismo y los 5 del Frente Amplio por la Soberanía. Los socialistas acompañaron la iniciativa.
El proyecto pasó al Senado, donde el oficialismo tiene mayoría propia. En los pasillos legislativos dan por hecho que la norma será sancionada sin grandes modificaciones.
Un senador bajo la lupa: denuncia, sumario y la acusación de persecución política
La semana también estuvo marcada por un escándalo que sacudió los pasillos de la Legislatura. En febrero, el diputado Fabián Palo Oliver (FAS) y Luis Gorosito, un dirigente de su espacio que también es policía y docente, presentaron una denuncia contra el senador radical Oscar Dolzani por un presunto conflicto de intereses: su empresa, Corralón Dolzani, se habría beneficiado como proveedora de una obra pública en el departamento San Javier. La denuncia incluye una factura por casi 19 millones de pesos vinculada a la provisión de hormigón para la obra “Defensa contra inundaciones y estabilización de barrancas – zona este de la ciudad de San Javier”. El propio Dolzani había participado, en su rol de senador, de la votación que habilitó el endeudamiento provincial para reactivar esos trabajos.
Esta semana, Gorosito fue notificado de la apertura de un sumario en su trabajo como policía, basado en una serie de audios que Dolzani publicó en Instagram. En los audios, Gorosito habla con una ex funcionaria policial sobre un posible traslado y menciona contar con información vinculada al narcotráfico en la zona. En el video del senador se desliza que los audios conformarían una suerte de extorsión a cambio del traslado.
En la sesión del jueves, Palo Oliver tomó la palabra en el recinto y denunció lo que definió como una “persecución laboral y política” contra Gorosito. Aseguró que los audios estaban “cortados y sacados de contexto” y que no eran una extorsión sino parte de una conversación más extensa. Acusó a Dolzani de haber “fraguado” la conversación, de “tergiversar” los hechos y de utilizar una denuncia falsa para perseguir a quien había puesto en cuestión su desempeño como senador. También señaló un dato institucional que consideró preocupante: el abogado defensor de Dolzani, Néstor Oroño, suele desempeñarse como asesor en la comisión de Acuerdos de la Legislatura, el mismo órgano que evalúa la conducta de fiscales y jueces.
“Dolzani no solo va a tener que dar cuenta a la justicia por la denuncia que hicimos, sino también en el fuero civil. Dolzani fraguó esa conversación, tergiversó y concretamente lo acusa de haber omitido hacer una denuncia por supuesto tráfico de estupefacientes por la ruta uno”, sostuvo Palo Oliver. Y cerró con una frase que dejó en el aire: “Esto recién comienza”.
Con la agenda cargada y los cruces políticos en ascenso, la Legislatura se prepara para una nueva semana donde la ley de municipios seguirá ocupando el centro del debate. El Senado deberá resolver la suerte de la reforma procesal laboral, mientras Diputados tendrá en sus manos la ley antitrapitos, cuya implementación efectiva dependerá de la decisión que tome cada municipio.