En la previa al tratamiento del proyecto que modifica el régimen penal juvenil, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió una fuerte carta abierta dirigida a los legisladores en la que destacó la necesidad de «un debate serio y responsable”, sin “oportunismo electoral ni manipulación del malestar social”.
“El delito existe, y no es una opción no hacer nada. Pero creemos que es un error abordarlo desde propuestas simplificadoras que sólo sirven para validar posiciones políticas ya tomadas”, señalaron.
En ese sentido, las autoridades clericales consideraron que, “en lugar de promover un debate abierto, plural y democrático que permita construir una reforma sostenible y justa del régimen penal juvenil”, observan “con preocupación el intento de imponer una respuesta apresurada, sin sustento técnico, sin diálogo genuino y sin condiciones institucionales reales para su implementación”.
“Creemos en la necesidad de dar una propuesta integral: desde su visión fundante hasta su implementación concreta. Pero dicha propuesta debe surgir del compromiso con la realidad y la responsabilidad pública, no del oportunismo electoral ni de la manipulación del legítimo malestar social”, continúa.
El texto, titulado «Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza», fue redactado por la Pastoral Social, la Pastoral Carcelaria y Cáritas Argentina, y difundida este lunes, a tres días de la discusión del proyecto oficialista en Diputados.
— Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) February 9, 2026
A lo largo de las seis páginas que contienen el texto, los obispos dejaron en claro su intención de aportar «con espíritu constructivo» y expusieron que su abordaje sobre la temática parte de «la experiencia de campo de referentes y profesionales territoriales» que llevan adelante en el trabajo cotidiano con adolescentes y jóvenes «en parroquias, escuelas, centros barriales y Hogares de Cristo», entre otros.
«Por eso creemos que es urgente actuar: para reparar tanto dolor, para prevenir nuevas violencias, disminuir el nivel de conflicto social, pacificar nuestros barrios y acompañar a tantas víctimas que, con frecuencia, quedan solas y sin a quién recurrir», expusieron.
En ese sentido, lamentaron «que este debate se esté dando en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático» ya que esa situación «impide una deliberación seria sobre los problemas estructurales que afectan a los niños y adolescentes, especialmente en los sectores más vulnerables».
Los obispos dudan de la eficacia de bajar la edad de imputabilidad
Basados en estadísticas, pusieron en duda también «la eficacia de la medida que se propone» debido a que «la evidencia regional muestra que reducir la edad de imputabilidad aumenta los niveles de violencia y reincidencia, y no disminuye la inseguridad». En caso de aprobarse la propuesta del gobierno de Javier Milei, bajaría de 16 a 14 la edad mínima para que un adolescente pueda ser imputado.
«El proyecto de ley no se corresponde con un aumento de los delitos juveniles. Los datos disponibles muestran que la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en procesos penales es muy baja: apenas el 0,42 %», detallan.
En el mismo tono, los obispos aludieron a los recursos económicos que se necesitan para llevar adelante los cambios que el proyecto de ley supone y estimaron que se trata de “una reforma sin condiciones de posibilidad».
En esa línea y en las condiciones actuales, se preguntaron si “es razonable creer que el Estado, provincial o nacional, podrá implementar un sistema penal juvenil que brinde tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral, acceso a salud, cultura, recreación, espiritualidad y abordaje integral de consumos problemáticos”
«¿Es factible que el Estado pueda garantizar los recursos y la inversión que exige lo que se anuncia en el proyecto de ley? La realidad demuestra una creciente desfinanciación en materia social, cuyos efectos recaen especialmente sobre los sectores más desfavorecidos, justamente aquellos a los que se pretende ahora castigar con mayor severidad”, resaltaron.
BPO