Desde este jueves al mediodía funciona la Oficina de Respuesta Oficial del gobierno nacional. Una estructura –que no forma parte de ningún ministerio del gobierno de Milei- creada para responder “las operaciones de los medios y la casta política”. Frente a las preguntas y críticas que surgieron a raíz de esta medida, el periodista rosarino Reynaldo Sietecase lanzó la Oficina de Preguntas Oficial.
La Oficina de Respuestas Oficial de la República Argentina se estrenó pasadas las 12.30 del jueves. Dos horas más tarde ya había emitido su primer comunicado apuntando contra un artículo de Clarín, unos minutos más tarde acusaron a la legisladora porteña Vanina Biasi (Partido Obrero) de realizar un comentario “falso”.
Este viernes, desde la oficina también criticaron a María Laura Santillán y validaron la palabra de su entrevistado, el economista Martín González Rozada. En el mismo posteo destacó los números de la inflación medida por el Indec en comparación con los resultados del gobierno de Alberto Fernández.
Una cuarta acusación llegó contra la periodista María O’Donnell, que había afirmado que bajar la edad de imputabilidad a 13 años sería “de las más baja del mundo”. “Esto es FALSO. Uruguay, por ejemplo, cuenta desde 2004 con un sistema que permite juzgar y condenar a menores de entre 13 y 17 años. Fuera de Sudamérica, muchos otros países tienen la edad mínima de imputabilidad fijada por debajo de los 16 años: Inglaterra y Gales (10 años), Canadá, Irlanda, los Países Bajos, Grecia y Escocia (12 años), y Francia, Polonia y Rumania (13 años)”, argumentó la cuenta de X.
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INCORRECTO.
En una entrevista que circula, la periodista María O’Donnell intenta instalar la idea de que bajar la edad de imputabilidad a 13 años en la Argentina sería una medida extrema, ubicándola entre “las más bajas del mundo”.
Esto es FALSO. Uruguay, por ejemplo, cuenta… pic.twitter.com/w2dW7G1P81
— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 6, 2026
Con un logo íntegramente rojo y con el vector de la Casa Rosada en el centro, la presentación de la oficina emuló el modelo de “Rapid Response 47” de la Casa Blanca de Estados Unidos. La propia descripción de la cuenta estadounidense explica que apoya la agenda local de Donald Trump, exponiendo “las noticias falsas” y dejando el claro latiguillo del presidente: “¡Maga!”
La respuesta de Sietecase
Al mejor estilo «queremos preguntar» de Jorge Lanata y a menos de 24 horas después del estreno de la oficina de respuestas oficialistas, el periodista rosarino Reynaldo Sietecase lanzó la Oficina de Preguntas Oficial. A pesar de tener similares características en cuanto al diseño, en la cuenta de X domina el color verde, que se distancia de la oficialista, y la descripción “la inmensa mayoría”, en clara referencia al programa que conduce en Radio Con Vos.
El propio periodista presentó la cuenta @lapreguntalim: “Desde esta cuenta haremos preguntas para que se luzcan con las respuestas. En tanto esperamos una conferencia de prensa del presidente”.
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Los primeros tuits no tardaron en llegar y la primera pregunta fue en torno a la renuncia de Marcos Lavagna en el Indec: “¿Por qué no se utiliza el índice de actualización del IPC de Lavagna? ¿Les daba mal?”.
Casi al mismo tiempo, disparó otra incógnita: “¿Por qué el presidente no copia a Trump, que tanto admira, y da conferencias de prensa?”. A este tuit, le siguió un posteo de Sietecase en el que deslizó: “Principio de revelación”.
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Más de cuatro horas después las preguntas realizadas por la cuenta no fueron respondidas por la Oficina de Respuestas Oficial.
Una Oficina de Respuesta Oficial para «desmentir» a los medios
La nueva dependencia se presentó a través de la red social X con un perfil confrontativo, definiendo su misión como la de «desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política».
Bajo la premisa de que «solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta», la Oficina planteó que su método será «combatir la desinformación brindando más información», diferenciándose de lo que calificaron como prácticas de censura atribuidas a «sectores políticos vinculados a la izquierda».
>> Leer más: Oficialismo y oposición reaccionaron frente a la creación de la Oficina de Respuesta Oficial
Minutos después del mensaje, el presidente celebró la decisión. “Para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”, escribió en su cuenta de X. “Excelente iniciativa”, posteó el ministro de Economía, Luis Caputo. Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo publicó: “Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja”.
El gobierno nacional contra los medios
«Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración», manifest{o el gobierno en su comunicado inaugural.
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El argumento central para la creación de este organismo radica en el cambio de la política de medios. Según explicaron, al dejar de «financiar relatos con pauta oficial», las críticas y falsedades se volvieron «más ruidosas». «Es necesario desmentir con claridad y sin rodeos«, sostiene la Oficina.
La Oficina aclaró que no buscará «convencer ni imponer una mirada», sino dotar a los ciudadanos de herramientas para «distinguir hechos de operaciones y datos de relatos». «La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone», concluyó el comunicado oficial.
Adepa y Fopea criticaron a la oficina
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresaron su preocupación tras el anunció de la creación de una nueva cuenta de X creada por el gobierno nacional, llamada Oficina de Respuesta Oficial, dedicada a desmentir las informaciones falsas de periodistas y medio de comunicación que consideren desde la Casa Rosada.
La iniciativa fue llevada a cabo por pedido expreso del presidente Javier Milei. Juan Pablo Carreira será quien este a cargo del nuevo usuario, el cual depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital. El designado es hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo y es conocido en las plataformas virtuales por el seudónimo Juan Doe.
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Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja. https://t.co/MqKRLVylTi
— Santi C. (@slcaputo) February 5, 2026
A través de un comunicado, Adepa alertó sobre este nuevo ente: «En toda democracia, los gobiernos tienen derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir la información oficial que consideren pertinente, así como su versión de los hechos que forman parte de la agenda informativa. Esa práctica es legítima y alimenta la lógica habitual del debate público. La preocupación de Adepa no radica en la existencia de una oficina de comunicación, sino en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle».
En la misma línea de Adepa, Fopea también expresó su rechazo con respecto al lanzamiento de la Oficina de Respuesta Oficial. «El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una «verdad oficial» indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre», alertó la institución en su comunicado oficial.
En este sentido, la entidad periodística advirtió sobre la «gravedad institucional que representa crear este tribunal de la verdad»: «Se está utilizando una estructura oficial -y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica”.
A modo de conclusión, el Foro sintetizó: «Estamos convencidos de que el periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas públicas».