Doble vara. Mientras la causa de la Mega estafa $Libra y la corrupción en la ANDIS no se mueven un milímetro, la causa de la AFA, si se mueve y muy rápido, casi a la velocidad de la luz, cosa que está muy bien, si la Justicia sería igual para todos. Claro no afecta a nadie cercano a Milei y Karina, los nuevos pesos pesados y denunciados de corruptos del país.
Este lunes, el empresario vinculado con Claudio “Chiqui” Tapia fue impedido por Migraciones de abordar un vuelo internacional. Una cámara lo registró deshaciéndose de su dispositivo móvil en la terminal aeroportuaria.
El empresario Javier Faroni, cuyo domicilio en Nordelta fue allanado esta mañana, intentó abandonar ayer el país con destino a Uruguay pero se vio frustrado por la intervención de personal de Migraciones que le notificó de una restricción para abandonar la Argentina impartida por el Juez Luis Armella.
Faroni, con vínculos estrechos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, es uno de los involucrados en la investigación que lleva adelante la Justicia, por presuntas maniobras de lavado de activos por cifras millonarias en la entidad rectora del fútbol argentino.
Sin embargo, Faroni fue impedido de abordar un vuelo anoche en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery por personal de la Dirección de Migraciones, pero no quedó detenido por no haber hasta el momento una orden en ese sentido por parte de la Justicia.
Fuentes de la estación aérea revelaron que el empresario teatral y ex diputado provincial bonaerense tenía en su poder los pasaportes de sus familiares más cercanos, y una cámara de seguridad lo habría registrado descartando su teléfono celular tras ser notificado de la restricción en su contra.
El juez Armella emitió órdenes de allanamiento sobre el domicilio de Faroni en el barrio “El Yacht” de Nordelta y sobre las sedes que la AFA posee en la calle Viamonte de esta Capital y en el predio de Ezeiza.
La decisión del magistrado se produjo en función de una solicitud realizada por la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco.
Fuente: NA