El 30 de diciembre de 2020, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 27.610, que garantiza la interrupción voluntaria y legal del embarazo. A cinco años de vigencia de la norma, los recortes en los presupuestos para garantizar esta práctica hace desigual el acceso y la falta de campañas de difusión hace que muchas mujeres desconozcan la existencia de la norma. Este martes, a las 10, la regional Rosario de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito realizará un acto en la plaza Sarmiento.
«Creemos que en estos momentos, más que nunca, quienes sostenemos el aborto legal somos las activistas que estamos en la calle», señala Silvia Augsburger, ex diputada nacional y provincial, integrante de la campaña y de la comisión redactora de los proyectos de ley de interrupción del embarazo que desde 2007 se presentaron en la Legislatura.
La ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo, y de la marea verde que empujó su sanción en el Congreso Nacional encuentra a la norma en un contexto particular. Según advierte Amnistía Internacional, durante 2025 se triplicaron las denuncias por obstáculos en el acceso al aborto que recibe la organización, comparándolas con el número de comunicaciones recibidas el año anterior.
Los principales problemas, explican, son los recortes impuestos al sistema de salud desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La suspensión total de la compra y distribución de insumos esenciales para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo y la falta de campañas de información oficial, «dejando a mujeres y personas gestantes sin datos sobre dónde y cómo acceder a la atención», puntualiza el informe de Amnistía.
Cinco años de aborto legal
En medio de esta situación, la seccional Rosario de la campaña conmemorará la sanción de la ley instalando una mesa de información en la plaza Sarmiento. Desde las 10, en la esquina de Corrientes y San Luis se distribuirán materiales de difusión y se ofrecerán pañuelos verdes, la forma de financiar las actividades de la campaña.
Augsburguer destaca que «desde que asumió Milei no se han distribuido a ninguna provincia del país insumos necesarios para garantizar la práctica del aborto, como exhibe y garantiza la ley«. Los centros de salud de las provincias no accedieron a medicamentos (mifepristona y misoprostol, que permiten resolver la mayoría de las interrupciones), ni insumos para Aspiración Manual Endouterina (Ameu).
Lo que generan estos recortes es una disparidad en el acceso a los servicios en todo el país. «La responsabilidad de la compra de los insumos recae en los gobiernos provinciales que, con mayor o menor voluntad política, se hacen cargo de los servicios. Hay provincias donde tenemos serios problemas y otras donde, con esfuerzo, se garantizan», señala.
Y destaca que Santa Fe es una provincia que tiene una historia sosteniendo el derecho a la interrupción del embarazo, ya que antes de la ley se garantizaban abortos legales por causales. «Esa política se ha sostenido en el tiempo, con mayores o menores dificultades pero se ha sostenido. Podemos encontrar casos de demoras y dificultades, pero no hay denuncias de obstaculizaciones directas».
Y destaca, además, el rol de las militantes de la campaña. «La campaña por el derecho al aborto está muy activa y tenemos vínculos estrechos con la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y un diálogo permanente con los responsables del área. Así que activamos rápidamente para garantizar derechos», explica.
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Amenazas y obstáculos
Según un informe del Equipo Latinoamericano de Igualdad y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable de Nación sufrió un desfinanciamiento casi total en 2024. Su ejecución representó apenas el 20 % de lo invertido en 2023 y solo el 8 % del nivel de 2021.
El Presupuesto 2026, además, elimina metas de provisión de medicamentos, asesoramiento y capacitación, y se reduce la cobertura de métodos anticonceptivos del 54 % al 34 % de la población.
El informe del Proyecto Mirar, coordinado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), sobre la situación de la política de acceso al aborto y de salud sexual y reproductiva en el país advierte sobre «las amenazas y los obstáculos que implican el retiro de la gestión nacional en la garantía de esta política, así como también, los esfuerzos y compromisos de las provincias y de los equipos de salud para que la ley se siga cumpliendo».
El trabajo destaca que el gobierno nacional mantiene su posición contra las agendas de género y de salud sexual y reproductiva. Aun así, los cambios normativos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos se mantienen fuera de las prioridades del gobierno, aunque «la desarticulación y el desfinanciamiento de varias políticas en este campo ya son un hecho consumado».
En este escenario, continúa, «la política pública en salud y derechos sexuales y reproductivos ha transitado por carriles de gran incertidumbre y ajustes improvisados debido al cambio de orientación de la política nacional. Las provincias enfrentaron una situación inédita y tuvieron que adaptarse a la situación con disímiles capacidades de respuesta«.
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Una ley poco conocida
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La Ley 27610 establece el derecho a abortar en forma voluntaria hasta la semana 14 de gestación inclusive. A partir de la semana 15, es posible acceder a la interrupción legal si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo la salud integral (física, mental o social) de la mujer. Las obras sociales, prepagas y el sistema público de salud deben garantizar esta práctica en forma gratuita y sin dilaciones.
Sin embargo, hay monitoreos de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva que indican que muchas mujeres desconocen la existencia de la ley. «Es una situación recurrente en todo el país, no hay campañas explicando que el aborto es legal y cómo se tiene que garantizar», señala Augsburger y remarca que, en consecuencia, «el porcentaje de desconocimiento de la comunidad es muy alto».
Por eso, la actividad de la plaza Sarmiento no será sólo conmemorativa. La ex diputada apunta que «como hacemos en todas las fechas emblemáticas el calendario feminista, vamos a insistir con que el aborto es un derecho de las mujeres y que el Estado debe garantizarlo, porque no se ejerce un derecho que se desconoce».