Tras cuatro horas que insumió el plenario de comisiones con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, quien brindó un informe sobre el proyecto de presupuesto 2026 relacionado a su cartera, el oficialismo avanzó con los despachos de mayoría de las tres leyes que componen el paquete económico del gobierno llaryorista para el año próximo que llegarán este miércoles al recinto de sesiones para su primera lectura.
La maratónica reunión conjunta de comisiones que condujo el schiarettista Ricardo Sosa, junto a sus pares oficialistas, exhibió rostros adustos de los opositores halcones, quienes reafirmaron sus críticas por los números y las prioridades del PJ en la gestión de gobierno.
Fueron cuatro horas donde el ministro López -acompañado por su equipo de la cartera- expuso el plan de obras públicas previsto para el 2026, la inversión y su correspondiente financiamiento.
Además, de responder las consultas y salir al cruce de los cuestionamientos del arco opositor, el funcionario se refirió a la prestación de servicios y los programas vinculados a su área. En defensa del presupuesto del año próximo, López destacó el «sostenimiento del equilibrio fiscal«.
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El plenario se desarrolló en medio de un clima de cierta paz hasta que el opositor Gregorio Hernández Maqueda introdujo -casi al final- el tema de los incrementos -por sobre la inflación- en la tarifa del servicio de agua que provee la empresa Aguas Cordobesas y las aprobaciones por parte de la mayoría oficialista del ERSeP.
Hubo gestos de molestia y ácidos comentarios de los oficialistas, mientras el juecismo en la voz de Walter Nostrala bancó al liberal mileista. En el ida y vuelta entre López y Maqueda afloró la tensión. El halcón opositor avivó el fuego con su embate por la responsabilidad política de la gestión peronista en el «tarifazo» del servicio de agua en la ciudad. El ministro lo cruzó duro al afirmar que los incrementos se dan por criterios técnicos y de acuerdo a lo que indica el contrato de concesión.
En esa línea, López recordó que desde 2017 se adoptó la decisión «de que se despolitice la aprobación de la tarifa de Aguas Cordobesas y quede encuadrado, pura y exclusivamente, en criterios técnicos la ecuación tarifaria en cabeza del ERSeP».
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El halcón opositor repreguntó con la intención de sostener su crítica ante el accionar del poder concedente: «La empresa solicita un determinado aumento y el gobierno ha tomado la decisión política de acompañar ese aumento, con lo cual parece ser que el gobierno trabaja para la empresa y no para los usuarios«.
“Eso es una grave denuncia pública y una grave aseveración que desmiento totalmente. No sé qué finalidad tiene usted en llevar adelante esa afirmación porque más de una vez de las muchas presentaciones de la empresa no se ha hecho lugar. No es un automatismo. Tal vez usted no lo sepa”, refutó el titular de la cartera de Servicios Públicos.
Despachos de mayoría
Luego de las cuatro horas que duró el intercambio con López y su equipo, el plenario de comisiones pasó al tratamiento más fino por parte de los legisladores en torno al proyecto de presupuesto y las otras dos normas económicas (Ley Impositiva y la modificación al Código Tributario) para el ejercicio 2026.
En ese marco, el oficialismo emitió los dictámenes de mayoría que formarán parte del debate de la sesión maratónica de este miércoles que promete fuego cruzado y ánimos caldeados. El PJ cuenta con los votos propios y de aliados, más un sector de la oposición (UCR), para sancionar en primera lectura el paquete de leyes económicas de LLaryora.
Habrá vía verde en general, pero se espera una catarata de objeciones del arco opositor a una serie de artículos al momento de la aprobación en particular.
Envuelto en su interna, la UCR definirá una posición unificada horas antes de la sesión ya que todavía no logran ponerse de acuerdo. Los intendentes presionan a los legisladores que ocupan las bancas radicales para dar su aprobación. Un grupo de jefes comunales hasta quiere que lo aprueben a “libro cerrado”. Los halcones boina blanca impulsan el rechazo.
La salida será «a lo radical». Aprobar en general e impugnar artículos en particular. Esa es la posición que más suena entre los boina blanca. No sin antes descargar munición pesada contra el manejo de los recursos públicos del gobierno peronista, como lo adelantó Perfil Córdoba. El PRO también se inclina por levantar el pulgar en general, pero tiene una serie de impugnaciones en la letra chica del articulado tanto del presupuesto como de la ley impositiva.
El bloque juecista comandado por Nostrala y el mileista Hernández Maqueda ya adelantaron su rechazo a todo el combo llaryorista. «La baja de impuestos ‘histórica’ es una gran mentira», aseveró el ultrajecista. Y cargó duro por el aumento de fondos para las agencias, «mientras le baja el presupuesto a la educación, a la seguridad y a la salud». En tanto, el mileista subrayó: «Es un proyecto que no cierra por ningún lado y pone en riesgo el futuro de Córdoba».
A esa posición dura también suscriben el vecinalista Rodrigo Agrelo y la parlamentaria de izquierda Luciana Echevarría.
Voces
Estamos hablando de «un presupuesto que tiene una fuerte caída respecto a las ejecuciones anteriores y de dudoso cuestionamiento las fuentes de financiamiento. Quedan atadas a un financiamiento externo, a un endeudamiento externo. La mayoría de la obra pública se concentra en órganos que no tienen control como son la ACIF y Caminos de las Sierras», apuntó Alejandra Ferrero (UCR)
Tras escuchar al ministro López, la parlamentaria radical reforzó su crítica: «No me quedó claro cuál era la consolidación de los estándares de transparencia». «Hoy no tenemos acceso, no hay portales, no se sabe quiénes son las empresas adjudicatarias. Si las obras se hacen por licitación pública, por contratación directa; en qué porcentaje se adjudican, cuáles son las ejecuciones trimestrales de las obras… la trazabilidad no solamente física, sino financiera», remarcó.
Desde la bancada vecinalista, Agrelo cuestionó: “López ha venido a hacer lo que habitualmente hacen: a pronosticar y proponer un conjunto de obras que después habrá que ver si las cumplen en la realidad. Yo solicité que me explicaran los niveles de endeudamiento que había tomado la provincia para obra pública. El ministro no pudo explicar en su conjunto el asunto. De modo tal que me pareció una expresión incompleta la de López».
Respecto al presupuesto 2026, el opositor consideró que «el gobierno sigue gastando en estructuras magníficas y dos tercios de la obra pública prácticamente no pasan por el control preventivo del Tribunal de Cuentas». «El gobernador se reserva facultades extraordinarias para modificar impuestos. Es decir, podría incrementar impuestos al margen de la aprobación de la Legislatura. Con lo cual no son las tres leyes económicas instrumentos que nosotros tenemos en condiciones de aprobar”, cerró.
La defensa acerca de «la ley de leyes» y el informe expuesto por López estuvo a cargo de Sosa. El titular de la comisión de Economía aseguró que el ministro y su equipo se expresó con «contundencia» en cada uno de los «fundamentos» que dejó. «Ha esclarecido a quienes tenían duda y ha descalificado a quienes no tenían duda, sino que tenían mala intención en algunas cosas, que también han sido descalificados», así apuntó contra Maqueda por el encontronazo con López.
«El ministro y su equipo se explayó en cada uno de los puntos que presentaron los legisladores. Fueron evacuadas todas sus consultas”, opinó el oficialista, quien será el miembro informante al abrir el debate en el recinto sobre el paquete económico de LLaryora.
A su vez, el schiarettista respaldó el anuncio de una «rebaja histórica» de impuestos para el 2026. «Es un plan de reducción de impuestos porque rebaja el impuesto inmobiliario urbano, el rural y a los productores propietarios». «A un importante sector del comercio que factura hasta 88 millones se le baja la alícuota de Ingresos Brutos, que ya era reducida, y se la baja de 3,5 al 2,5 por ciento», indicó.
A ello, Sosa sumó las exenciones impositivas a las industrias que facturan hasta 3.200 millones y la alícuota cero para el desarrollo del sector de la Salud. Asimismo, destacó el programa que exime de ingresos brutos a las residencias universitarias.