El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario, destinada a garantizar fondos para las casas de altos estudios y recomponer los salarios de personal docente y no docente.
El veto a la ley 27.795 se publicó este miércoles en el Boletín Oficial. Lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Caputo (Economía) y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores).
En los considerandos del veto, el gobierno sostiene que «el proyecto de ley, al abordar los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario propuesto, lo hace de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito necesaria».
La iniciativa fue aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos. Sin embargo, no llegó a los dos tercios, la mayoría especial que deberá reunir la oposición para revertir el veto e insistir con el proyecto original.
En esa misma sesión especial también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría por la crisis del Hospital Garrahan y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que también serán vetados por la Casa Rosada.
No obstante, esos dos vetos aún no se remitieron al Congreso. El plazo para hacerlo vence este jueves.
Qué plantea la ley que vetó Milei
La norma impulsada por los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación se deben actualizar por inflación automáticamente.
También ordena la convocatoria a paritarias, dentro de tres meses, para recomponer el salario docente y no docente y aumentar las becas, entre otros puntos.
La Casa Rosada rechazó la iniciativa desde un primer momento porque aseguraba que su costo fiscal era demasiado alto y pondría en riesgo el superávit fiscal, piedra fundamental de todo el plan económico.
El gobierno también argumentó que la implementación de la ley generaría un aumento significativo y no cubierto del gasto público, con un costo estimado para 2025 de más de un billón de pesos. Según la Casa Rosada, eso pondría en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica.
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De acuerdo a la gestión libertaria, este gasto “sin respaldo real” sólo puede financiarse con emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación y perjudicaría especialmente a los sectores más vulnerables de la población.