La Legislatura santafesina fue epicentro de un debate en torno a la conmemoración, el 24 de marzo próximo, de los 50 años del golpe de Estado que dio paso a una de las etapas más oscuras de la historia argentina.
La sesión de este jueves en la Cámara de Diputados provincial se inició con el correspondiente homenaje de los bloques parlamentarios. Pero la legisladora libertaria Silvia Malfesi detonó polémica: si bien repudió la interrupción del proceso democrático del país, pidió hacer “memoria integral” de lo ocurrido años atrás.
Entre las filas del peronismo salieron a cuestionar el posicionamiento de la diputada provincial. “Personajes del gobierno nacional siembran el odio y el negacionismo, pero esta ofensiva se despliega en una sociedad que, a pesar de todo, mantiene su memoria activa”, retrucó desde su banca la exvicegobernadora Alejandra Rodenas a la hora de los discursos en el recinto de la Cámara baja.
En tanto, ambas Cámaras legislativas aprobaron un proyecto elaborado por el diputado socialista Joaquín Blanco que incorpora al Archivo Provincial de la Memoria la comisaría 4ª de Santa Fe, exservicios de informaciones y la Quinta de Funes.
Asimismo, Diputados le dio luz verde a la iniciativa de la justicialista Lucila De Ponti que promueve la colocación de una placa en el hall central de la Legislatura en conmemoración del 50º aniversario del golpe de Estado y en repudio a la detención, el 24 de marzo de 1976, de Rubén Dunda, entonces presidente del cuerpo parlamentario.
Quinta de Funes
Paralelamente, los diputados nacionales Agustín Rossi, Germán Martínez, Caren Tepp, Diego Giuliano, Florencia Carignano, Alejandrina Borgatta y Horacio Pietragalla Corti, integrantes del bloque Unión por la Patria (UP), presentaron en conjunto dos proyectos destinados a reafirmar las políticas de memoria, verdad y justicia en territorio santafesino.
Se trata de un proyecto de resolución propone declarar de interés de la Cámara baja las actividades de difusión, preservación de la memoria histórica y promoción de una cultura de derechos humanos que se desarrollarán en la Quinta de Funes, sitio emblemático del terrorismo de Estado que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura.
Por otro lado, a través de un proyecto de declaración, los legisladores instan al Ejecutivo nacional a promover acciones concretas para garantizar la preservación de ese espacio como Sitio de Memoria, en cumplimiento de la ley Nº 26.691.