Debido a la crisis económica actual, las familias argentinas enfrentan niveles de morosidad récord en créditos bancarios y préstamos no financieros, superando cifras no vistas en dos décadas. Ante este panorama, legisladores de la oposición han impulsado proyectos de ley para crear mecanismos de alivio de deudas.
Mientras el gobierno nacional confía en que la reducción de la inflación y de las tasas de interés normalizará el mercado automáticamente, diversos sectores advierten que el alto costo del financiamiento y la pérdida del poder adquisitivo han generado un sobreendeudamiento crítico que se hace una bola de nieve para las familias que usan al crédito (tarjetas) como ingreso extra para sostener el consumo.
El crecimiento de la morosidad, que se encuentra en niveles récord. De acuerdo a los datos oficiales, el 9,9% de los créditos personales están en mora, mientras que las tarjetas de crédito registran un 8% de incumplimiento, cifras que no tienen precedentes desde que existen registros del año 2010. Este escenario responde a una combinación de ingresos insuficientes y tasas de interés elevadas, las cuales para tarjetas llegan hasta el 92% y los créditos no bancarios hasta el 130%.
Deudas en las familias
Uno de los que presentó un proyecto fue el senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, que propone volver a establecer límites a la financiación con tarjetas de crédito, frenar los cargos punitorios considerados abusivos y restituir herramientas de control al Banco Central de la República Argentina.
Según explicó el legislador, la iniciativa surge como respuesta a los efectos de la desregulación del sistema financiero y la crisis económica, que llevaron a que cada vez más hogares recurran al crédito, principalmente para cubrir gastos básicos como la compra de alimentos.
“El proyecto busca que se establezca un tope lógico, por ejemplo en el pago mínimo de la tarjeta. Hoy ni siquiera se puede afrontar ese monto por los intereses que luego se cobran”, señaló Lewandowski. En rigor, plantea que el límite de los intereses punitorios que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del veinticinco por ciento (25%) a la efectivamente aplicada por la institución financiera o bancaria emisora en concepto de interés compensatorio o financiero.
En una línea similar los diputados socialistas del bloque Provincias Unidas, Pablo Farías y Esteban Paulón, presentó una proyecto para “proteger a quienes están sufriendo por estas deudas y ponerle un freno a los abusos de algunas entidades financieras” a través de la modificación de la ley de Concursos y quiebras.
“Esta legislación busca darle más poderes a los jueces para que puedan anular créditos abusivos, asegurando que los que actuaron de buena fe tengan una salida. Todos merecen tener la oportunidad de recomponerse y no seguir atrapados en este ciclo sin fin”, explica.
El proyecto atiende sobre la figura de «sobreendeudamiento pasivo» como aquella imposibilidad manifiesta de afrontar obligaciones tanto a bancos como a fintech. Por eso, judicializado el crédito, si el deudor ha actuado de buena fe de manera previa al estado de cesación de pagos, el juez deberá liberarlo del pasivo residual en un plazo no mayor a 1 año, sujeto a que el deudor continúe actuando de buena fe. Podrá también establecer una forma de pago a los acreedores que no podrá exceder de 3 años.
En tanto, el diputado de Unión por la patria y extitular de la Aduana, Guillermo Michel promueve un proyecto para crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, que permitiría a personas jubiladas, trabajadoras, monotributistas y beneficiarias de planes sociales acceder a créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para cancelar deudas con tarjetas, plataformas y operadores financieros.
Provincias
Mientras en el Congreso acumula iniciativas, algunas provincias detectaron estos problemas de la micro y pusieron manos a la obra par aliviar las deudas. El gobierno de Santa Fe pondrá en marcha en las próximas semanas un programa de desendeudamiento destinado a empleados públicos que actualmente tienen descuentos por deudas financieras en sus recibos de sueldo.
La iniciativa fue anunciada por el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, quien explicó que el objetivo es permitir que los trabajadores cancelen compromisos asumidos en años anteriores mediante una nueva línea de financiamiento con condiciones más favorables. De hecho, el gobierno provincial alerta que «la recesión está instalada» y pide que la Nación se mueva.
En tanto, el Banco de Corrientes anunció junto al gobierno provincial un plan de desendeudamiento por más de $130.000 millones, destinado a familias y empresas.