Un informe de Chequeado alerta que la iniciativa oficial carece de los estándares internacionales de verificación. Advierten sobre riesgos de hostigamiento y señalan la contradicción con el acceso a la información pública.
La creación de la «Oficina de Respuesta Oficial» por parte del gobierno de Javier Milei, diseñada para «desmentir activamente la mentira» en redes sociales, encendió las alarmas entre especialistas en verificación del discurso público. Según un informe del Equipo de Chequeado, la iniciativa carece de la independencia necesaria para ser considerada una herramienta de fact checking válida y podría derivar en mecanismos de persecución.
Si bien el Gobierno busca «dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política», los expertos señalan que el Estado no puede auditarse a sí mismo bajo las reglas del periodismo de datos.
El problema de ser «juez y parte»
Las organizaciones de verificación independientes se rigen por el Código de Principios de la International Fact Checking Network (IFCN), que exige transparencia en la metodología, el financiamiento y una política de corrección abierta.
Lucas Graves, investigador de la Universidad de Wisconsin-Madison, advierte que ninguna agencia estatal «debe confundirse o presentarse como fuentes de información independientes».
Clara Jiménez Cruz, CEO de Maldita.es, cuestiona la lógica de la auto-auditoría: «El trabajo del fact checking es obligar a los poderosos a rendir cuentas. Si ellos mismos pretenden hacer el fact checking, ¿quién garantiza la rendición de cuentas?»
Contradicciones y antecedentes
El informe destaca una paradoja en la gestión actual: mientras promete combatir la desinformación «brindando más información», la administración de Milei modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública introduciendo nuevas restricciones. De hecho, datos oficiales indican que esta gestión es la que «más pedidos de acceso a la información dejó sin responder» en comparación con los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
No es la primera vez que un gobierno intenta controlar el discurso mediante «verificadores» oficiales. El informe cita antecedentes como:
Argentina: La plataforma «Confiar» (durante la pandemia) y el observatorio «Nodio» bajo la gestión de Fernández, además del streaming «Fake, 7, 8» inaugurado por Manuel Adorni.
Región: El sitio «Brasil Contra Fake» de Lula da Silva, «Infodemia» en México y la cuenta «Segcomv» en Ecuador.
Tanto FOPEA como dirigentes de la oposición ya manifestaron su rechazo, advirtiendo que estas herramientas pueden convertirse en formas encubiertas de hostigamiento y persecución a voces disidentes.
Fuente: SFA/NA