Buscan desarticular estructuras vinculadas a robos, microtráfico y hechos de violencia armada que recrudecieron a fines de 2025.
Un fuerte despliegue policial sacudió desde la madrugada de este miércoles a distintos barrios del norte de la ciudad de Santa Fe, donde se realizaron más de 31 allanamientos simultáneos en el marco de investigaciones por robo calificado, microtráfico y abuso de armas. Los procedimientos se concentraron en La Tablada, Yapeyú y Loyola, zonas que en las últimas semanas fueron escenario de homicidios, balaceras y otros episodios de violencia altamente lesiva.
Las medidas fueron coordinadas entre la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fiscalía Regional I, como parte de una estrategia conjunta de abordaje territorial. Según explicó el director de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, el operativo se inscribe en una «mesa estratégica de evaluación de la violencia altamente lesiva», activada ante «la explosión de violencia en esa zona con la expresión de homicidios concretamente», además de robos calificados con armas de fuego, tentativas de homicidio y balaceras que «calentaron todo este fin de año 2025 y comienzo de año 2026».
El funcionario detalló que los procedimientos comenzaron de madrugada y se extendieron durante varias horas. «Arrancamos muy temprano, a las dos de la mañana, y a las 3:30 o 4 ya estábamos irrumpiendo en zona norte, Tablada Sur, Loyola Sur», precisó, y explicó que se trató de «una tanda de allanamientos muy fuerte enmarcada en investigaciones de delitos complejos y de microtráfico».
En ese sentido, remarcó que el microtráfico aparece de manera reiterada en este tipo de causas. «Lamentablemente, en la provincia de Santa Fe el delito de microtráfico es una realidad que aqueja y que abordamos muy fuertemente desde el MPA y el Ministerio de Justicia y Seguridad», sostuvo, y agregó que en los últimos días se realizaron «alrededor de 20 allanamientos exclusivamente de microtráfico», lo que refleja un crecimiento exponencial del fenómeno.
Sobre los resultados, Galfrascoli indicó que aún estaban siendo evaluados, aunque confirmó secuestros y detenciones. «Estamos hablando de material estupefaciente, armas de fuego, vehículos, dinero», enumeró, y señaló que algunas personas fueron trasladadas en calidad de aprehendidas y otras quedaron detenidas por disposición fiscal. También advirtió que hay sospechosos que no fueron hallados en los domicilios allanados y que continúan siendo buscados.
Consultado sobre el trasfondo de la investigación, el funcionario sostuvo que se trata de «una histórica banda de la zona de La Tablada y Loyola», a la que definió como «una asociación familiar irregular, pero banda al fin», con antecedentes incluso en causas federales. Según explicó, las alertas surgieron antes de los homicidios del 31 de diciembre, y aunque se reforzó la presencia policial, «cuando hay intención de matar, sacar un arma y disparar a granel, los resultados se producen». Por eso, afirmó que ahora «las consecuencias están casi inmediatamente con los allanamientos» y aseguró: «No vamos a parar hasta que esas personas sean responsabilizadas».
Desde la Fiscalía, Laura Urquiza explicó que los procedimientos son el resultado de tareas investigativas iniciadas el año pasado y profundizadas en las primeras semanas de 2026. Señaló que la información que surge de este tipo de operativos «no es solamente útil para la investigación puntual, sino para poder entender el contexto criminal de la banda, la organización o barrial» y también para nutrir otras causas. Sobre la cantidad de detenidos, aclaró que aún no puede precisarse porque «se encuentra en trámite en muchos domicilios el trabajo de requisa».
En una conferencia posterior, las autoridades confirmaron que los 31 allanamientos arrojaron «resultados positivos», con el secuestro de armas de fuego, material estupefaciente, dinero en efectivo, teléfonos celulares y personas detenidas. Destacaron además la magnitud del operativo, que implicó la movilización de «más de 300 efectivos y alrededor de 90 vehículos», y remarcaron que se trata de un «shock en materia de allanamientos», definido como una decisión política para profundizar la persecución penal en los territorios más golpeados por la violencia.
En apenas dos días se realizaron 36 allanamientos en el departamento La Capital, incluyendo procedimientos en Santo Tomé, y anticiparon que esta dinámica de trabajo conjunto entre fiscales, PDI y fuerzas especiales marcará el rumbo de las intervenciones durante 2026 en la ciudad de Santa Fe.
Fuente: SFA/RU