Vivir en barrios populares en Argentina reduce en 11 años la expectativa de vida

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Un informe del Centro para la Integración Sociourbana muestra que vecinos de asentamientos fallecen en promedio a los 60 años, contra 71 del resto de la población del país.

Un estudio del Centro para la Integración Sociourbana (Cisur) reveló que las personas que habitan en barrios populares mueren, en promedio, 11 años antes que el resto de la población argentina.

El trabajo se basó en datos del Censo Nacional 2022, los registros de defunciones del Ministerio de Salud y los relevamientos del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap).

La pirámide de población nacional muestra un aumento de adultos mayores y mayor longevidad general. En cambio, en los barrios populares la base es más ancha, con predominio de infancias y jóvenes, y una fuerte caída en la presencia de adultos mayores.

Datos comparativos

Según el informe de Cisur, a nivel nacional el 9,1% de la población tiene entre 65 y 79 años. En barrios populares, apenas el 2,6%, es decir, 3,5 veces menos.

La brecha se amplía entre los mayores de 80 años: en Argentina representan el 2,64%, mientras que en los barrios populares solo el 0,31%, una diferencia de 8,5 veces.

Una postal de hace más de un siglo

El Centro advierte que la estructura demográfica de estos barrios en 2022 se asemeja a la del país en 1914, cuando la precariedad habitacional y la falta de servicios básicos marcaban la vida urbana, sobre todo en Buenos Aires y sus conventillos.

Más de un siglo después, la desigualdad sigue condicionando la posibilidad de llegar a la vejez.

El estudio identifica un “triángulo de desigualdad” conformado por las condiciones de vivienda, el acceso a la salud y la precariedad laboral.

Estos factores afectan directamente la trayectoria vital y reducen la edad promedio de fallecimiento en los barrios populares a 60 años, contra los 71 años del promedio nacional.

Llamado a políticas sostenidas

El Cisur subraya que la reducción de esta brecha requiere inversión pública, planificación estatal y acceso a derechos básicos.

«En el actual contexto de ajuste presupuestario los hallazgos son un llamado para comprometerse y transformar esta situación, para que no se convierta en una sentencia de muerte para millones de argentinos y argentinas», cierra el informe.

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