La ley de financiamiento de la educación universitaria y recomposición salarial docente aprobada por el Congreso en los últimos días de agosto insumiría este año un monto equivalente a 0,23 por ciento del PBI, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El Consejo Superior de la UBA solicitó que no se vete la ley y reclamaron por su aplicación inmediata.
El proyecto propone actualizar los montos destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de esas casas de estudio en el ejercicio de 2025, por la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora Indec, entre mayo y diciembre de 2024 y luego bimestralmente ajustar el monto por el mismo índice, descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año. La iniciativa también fija una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 y hasta que se sancione el proyecto de ley por el equivalente al IPC en el período. Luego se utilizará la misma medición para actualizaciones futuras.
También contempla la recomposición y actualización automática de los programas de becas estudiantiles y prevé el incremento progresivo de estudiantes beneficiarios acorde a la matrícula de las instituciones públicas. Asimismo estipula que el Poder Ejecutivo destine una partida especial en 2025 para regularizar los ingresos a la carrera de Investigador Científico y otorgar becas tanto de ingresantes como posdoctorales.
El impacto presupuestario del proyecto de ley para este año sería de 1,96 billones de pesos, equivalentes a 0,23 por ciento del PIB, según los cálculos de la OPC. Ese cálculo excluye dos mandatos de la iniciativa con sanción del Congreso que no son mensurables, como el incremento de beneficiarios de becas y una partida especial no precisada para regularizar los ingresos de investigadores.
Entre los puntos sí cuantificables, según detalla la OPC, la propuesta parlamentaria prevé una recomposición presupuestaria para gastos de funcionamiento y actualizaciones periódicas en base al IPC que insumiría 201.687 millones de pesos (0,023 por ciento del PBI); la recomposición de salarios docentes y no docentes, 611.020 millones de pesos (0,072 por ciento del PBI); y la actualización automática de becas estudiantiles, 1,2 billones de pesos (0,135 por ciento del PBI).
Diputados dio media sanción el 7 de agosto –mismo día en que declaraba la emergencia sanitaria de la salud pediátrica- con una votación aprobada por 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. El proyecto luego fue remitido al Senado, donde obtuvo la aprobación en la sesión realizada el 21 de agosto. Ese mismo día, desde el Consejo Superior de la Universidad de Buenos (UBA) solicitaron al Gobierno que no veten ambas leyes, de financiamiento educativo y emergencia en salud.
Evolución del gasto
La discusión sobre en qué invierte su presupuesto el estado argentino está en boga. Desde el think tank Fundar analizaron la evolución del gasto público y observaron que el índice de Gini (un indicador de desigualdad) baja después de la intervención del Estado. En Sudáfrica, España y Argentina esa variación es muy significativa. Un ejemplo de esa redistribución del ingreso son las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
En la última década, según Fundar, el gasto público de Argentina promedió el 45 por ciento del PIB: por encima de la mayoría de los países de América Latina. Más que Brasil (44%), Uruguay (30,2%), Chile (26,9%) o México (26,7%) y de varios países desarrollados (Canadá, Estados Unidos y Japón). En cambio, estuvo por debajo de Francia (57,9%), Bélgica (54%) o Alemania (46,8%).