En medio del escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad que salpican al corazón del Gobierno de Javier Milei y de la denuncia penal que realizó el Ejecutivo para impedir que los medios publiquen los audios grabados a Karina Milei en la Casa Rosada, ahora un abogado de Cristina Kirchner presentó una contradenuncia a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Se trata de Gregorio Dalbón, defensor de la exvicepresidenta en causas civiles, quien hace poco más de una semana denunció penalmente a Javier Milei, su hermana Karina, Diego Spagnuolo y los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
En la denuncia que presentó en la noche de este lunes, que espera por el sorteo del juzgado, Dalbón sostiene que Bullrich cometió abuso de autoridad al avanzar en la Justicia contra periodistas y medios para evitar que se publiquen los audios de Karina Milei, advirtiendo que eso podría poner en riesgo la seguridad nacional.
Advierte en la presentación judicial que Bullrich promovió la denuncia «contra periodistas y medios de comunicación con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa, solicitando medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión».
En la denuncia a la que tuvo acceso Clarín, Dalbón señala que el pedido para que se impida la reproducción de los audios grabados a la secretaria general de la Presidencia constituyen «un intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional».
Además de apuntar contra la titular de la cartera de Seguridad, Dalbón señala que el Gobierno nacional intentó utilizar «la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa».
Además de defender la publicación de los audios de Karina Milei por considerar que «reviste indudable interés público, ya que se trata de una figura que concentra poder institucional en la Secretaría General de la Presidencia», el abogado insiste que la presentación del Gobierno ante la justicia «busca blindar políticamente al oficialismo y convertir la difusión periodística en un delito, invirtiendo el sentido mismo de la libertad de expresión».
Dalbón le pide al juez que cite a declaración testimonial al representante legal del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, que fue quien formalizó la denuncia de Bullrich y que la ministra sea citada a indagatoria.
La denuncia del Gobierno y la orden de la Justicia
El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Bullrich, denunció una «operación de inteligencia ilegal» supuestamente destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral y en el que incluyó a periodistas como Jorge Rial.
La denuncia oficial recayó en el juzgado federal número 12, que es subrogado por Julián Ercolini, y en la fiscalía de Carlos Stornelli. Apenas un rato después de anunciar la decisión del Ejecutivo de judicializar la filtración de las grabaciones, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que «la Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada». Según el posteo del funcionario, con esa decisión, -en ese caso del juez Alejandro Maraniello, federal en lo civil y comercial- interpretó que «reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión».
La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada.
Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión.
Fin. pic.twitter.com/v1H1doG7jb
— Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025
Esos audios grabados a Karina Milei fueron un nuevo capítulo de la zaga que había comenzado días antes con las filtraciones de diálogos de Spagnuolo dando cuentas de un supuesto entramado a través del cual Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem recibían coimas. Esos audios derivaron en la salida de Spagnuolo del Gobierno y motorizaron la causa que ahora lleva adelante la justicia y por la que ya se realizaron decenas de allanamientos.
La cautelar del juez Maraniello ordenó «solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la señora Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web».
El Ejecutivo decidió recurrir a la justicia federal al entender que las supuestas maniobras consistieron en «la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios».