CÓRDOBA.- Los dos acusados en el juicio que comenzó este lunes en la Cámara Criminal y Correccional de Primera Nominación de Río Cuarto por impedir el ingreso a la provincia de Río Cuarto del padre de Solange Musse, la chica enferma de un cáncer en estadio 4 en plena pandemia de Covid, afirmaron no tener ninguna responsabilidad en la decisión.
Los sentados en el banquillo de acusados ante camaristas y jurados populares son Eduardo Andrada, entonces director del Hospital de Huinca Renancó, y la asistente social Analía Morales, quien según la acusación estaba a cargo del puesto sanitario en esa ciudad en agosto de 2020, cuando sucedieron los hechos.
Pablo Musse, padre de Solange, viajaba acompañado de su cuñada, una mujer con discapacidad, desde Neuquén para llegar a Alta Gracia a donde su hija esperaba verlo para despedirse. Cumplía internación domiciliaria por un cáncer de mamas en estadio 4 y su última voluntad era reencontrarse con él.
Al llegar a Huinca Renancó y después de que un test de Covid-19 diera positivo —otro, después, dio negativo— obligaron a ambos a regresar «encapsulados» y escoltados por una comisión policial a Neuquén. Solange murió sin ver a su padre.
José Nayi, abogado de la familia, explicó que la investigación se divide en dos partes. “Esta es la primera, hay otra que todavía no se elevó a juicio y en la cual las responsabilidades pueden escalar a otros funcionarios provinciales y nacionales».
Antes de iniciar la audiencia, Pablo Musse dijo a LA NACION que no estaban en el juicio “todos los que debían estar” en referencia a que la cadena de responsabilidades no se corta con estos dos acusados.
El abogado de Andrada, Miguel Ollo Geuna, adelantó que pedirá la absolución, ya que su cliente “no cometió ningún delito”. Dijo que desconocía que Musse había venido por ruta y que su cuñada tuviera una discapacidad. Que nadie le informó de esa situación.
En el caso de Morales, quien trabaja como asistente social en el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, subrayó que “nunca” estuvo a cargo del puesto sanitario del COE en Huinca Renancó, que solo integraba la Mesa Epidemiológica de Río Cuarto, donde vive y trabaja.
“Solo a pedido de Andrada tuve que buscar un contacto en Neuquén para cuando regresaran a Musse le hicieran otro test -dijo Morales a El Doce-. No recibí ninguna orden o sugerencia, solo me piden contactar a Plottier. La decisión de que regresaran ya estaba tomada». Pidió “disculpas” a la familia Musse pero ratificó que fue “ajena” a la resolución.
Su defensor, Osvaldo Narcisi, fue terminante ante El Doce: “La sábana quedó corta. Otros son los funcionarios que deberían estar acá“.
Los acusados sostienen que era Alfonso Mosquera, entonces ministro de Seguridad; Pablo Carvajal, exsecretario de Salud y Juan Ledesma, exdirector del COE, los que tenían las responsabilidades y podían autorizar excepcionales.
Ledesma fue condenado en diciembre pasado por la Cámara 1° del Crimen de Córdoba a seis años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad calificada por el uso de violencia y Carvajal a 4 años de prisión y a 3 años y 6 meses de inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos en el marco de la causa por las muertes en el Hospital Neonatal.
Por su lado, en setiembre pasado se elevó a juicio la causa contra Mosquera por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves doblemente calificadas, privación ilegítima de la libertad calificada, y hurto y amenazas, en contra de una mujer de 34 años que revestía como policía.