«Hasta ahora, el último aumento que recibimos fue en mayo, y estuvo en el orden del 1,3%, por debajo de la inflación», relató Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (AGDUBA), invitada al estudio de «Comunistas», por Bravo TV. La gremialista explicó que el inicio del segundo cuatrimestre en las universidades públicas nacionales se ve aplazado porque el Gobierno no otorga aumentos ni tampoco confirma el incremento recientemente anunciado por el Ministerio de Capital Humano, lo que sume a las casas de estudio en el desfinanciamiento crónico.
Los sindicatos docentes y no docentes decretaron un paro sin actividades desde el 11 hasta el 16 de agosto, en reclamo de un aumento salarial urgente y la recomposición de las partidas presupuestarias. “Estamos con salarios debajo de la línea de pobreza y sin paritarias desde hace más de un año”, denunció Carboni. «En junio y julio, el aumento fue directamente del 0%», completó.
Carboni marcó dos certezas. Por un lado, el Gobierno nacional anticipó que vetará el proyecto de ley de financiamiento universitario —que ya cuenta con media sanción en Diputados— en caso que sea aprobada en la Cámara de Senadores. “Quieren convertir a la educación superior en un bien preciado para pocos”, acotó la gremialista.
Por otro lado, el Ministerio de Capital Humano que encabeza la ministra Sandra Pettovello anunció en redes sociales y comunicados extraoficiales el otorgamiento de un aumento del 7,5% a los docentes y no docentes universitarios. Carboni se ocupó de subrayar que no existió comunicación oficial, y que los mecanismos administrativos para su implementación se encuentran paralizados.
El 60% de los docentes universitarios cobra entre 150.000 y 600.000 pesos. Carboni explicó que “para recuperar lo que ganábamos en noviembre de 2023 necesitamos una recomposición del 45% al 50% en una sola cuota”. Según agregó, la pérdida salarial se traduce en renuncias masivas: más de 10 mil docentes dejaron sus cargos para buscar mejores ingresos en el sector privado.
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El ajuste no solo golpea los sueldos. Las partidas para el funcionamiento de las casas de estudio están congeladas, situación que compromete el trabajo de hospitales universitarios como el Clínicas y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari. Esto amenaza con frenar investigaciones científicas. “En las universidades nacionales se produce el 60% de la investigación del país, pero sin fondos para becas e insumos muchos proyectos se caen”, advirtió la dirigente.
El golpe también llega a los estudiantes: el 46% proviene de hogares bajo la línea de pobreza y necesita entre 800.000 y 1.100.000 pesos mensuales para sostener una cursada normal. “La Beca Progresar es de 35.000 pesos, eso no paga ni el transporte de dos semanas”, dijo Carboni, señalando que muchos jóvenes reducen materias, trabajan más horas o directamente abandonan la carrera.
En 2024, el gasto universitario representó el 1,6% del PBI, mientras que la eliminación del impuesto PAIS a la compra de dólares supuso la no recaudación del 1,4% del PBI que representaba. “Si no hubieran sacado ese impuesto, podrían haber duplicado el presupuesto universitario”, se sostuvo en la mesa del programa que se emite de lunes a viernes a las 20.30
LB / FPT