«De las 110.000 pensiones dadas de baja, 100.000 obedecen a que no dieron con el domicilio de la persona«, explicó Daniel Arroyo, autor del texto de la ley sobre emergencia en discapacidad vetada por el presidente Javier Milei. Lo hizo en respuesta a la decisión del Gobierno de dar de baja esa cantidad de subsidios a personas que presentan algún grado de discapacidad.
En el piso de «Comunistas», por Bravo TV, el diputado nacional agregó que la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina (ANDIS), al momento de otorgarlas, tomó el domicilio original de cada beneficiario, dato que utilizó el oficialismo al momento de tomar la decisión, pasando por alto los eventuales cambios de vivienda que cada beneficiario haya tenido durante los últimos años.
«Claramente había que hacer una auditoría, pero el Gobierno decidió hacerla mal», se sinceró Arroyo, asumiendo que la necesidad de la revisión hecha por el Gobierno está fundada, pero criticó el modo en que se implementó: «Con las pensiones existen dos problemas: algunos médicos dieron muchas altas. Habría que ver esa situación. Y por otro lado, las localidades. Cada una tiene un promedio entre 7 y 11% de pensiones por discapacidad. Si una localidad tiene el 60%, está claro que hay un problema«, explicó.
Respecto del gasto fiscal que representan tanto la ley vetada como las pensiones eliminadas, el exministro de Desarrollo Social mencionó que el vocero presidencial, Manuel Adorni, calculó que el ahorro estatal derivado de las 110.000 bajas es de $35.000 millones de pesos. “Ordenar el sistema de prestaciones en discapacidad cuesta apenas 0,003% del PBI. No es un gasto descontrolado ni tiene impacto fiscal significativo. Es una deuda acumulada porque el Estado no actualizó valores durante todo el año”, replicó.
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El dirigente advirtió que, detrás de la medida, hay un recorte deliberado y una decisión ideológica: “No se trata de economía, sino de enviar un mensaje de ajuste extremo, incluso a costa de los sectores más vulnerables”, agregó.
La controversia expone tanto la lógica con la que se ejecutó la auditoría como también la distancia entre las cifras difundidas por el Gobierno y los datos que manejan especialistas y legisladores, abriendo un debate sobre la transparencia y el verdadero impacto fiscal de las políticas de discapacidad en Argentina.
LB / FPT