“Estamos ante la comisión de un delito de características complejas, con una arquitectura institucional y financiera de carácter transnacional”, señaló el camarista Fabio Mudry.
La justicia penal santafesina confirmó las medidas cautelares reales que permiten el congelamiento de cuentas por alrededor de 1,3 millones de dólares en criptoactivos, asociadas a una investigación por juego clandestino online que denunció el año pasado el Gobierno provincial.
El juez de la Cámara de Apelación Penal, Fabio Mudry, ratificó este jueves el pronunciamiento de su par Sebastián Creus, que el 18 de junio revocó una resolución de primera instancia que fijaba cautelares mínimas y que fue cuestionada por el vicepresidente Ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, uno de los denunciantes junto con los ministros José Goity y Victoria Tejeda.
En su parte final, el fallo resuelve: “Rechazar la totalidad de los agravios de las defensas apelantes, confirmando la resolución de fecha 18 de junio de 2025, dictada por el juez del Colegio de Jueces de Segunda Instancia de Santa Fe, Sebastián Creus”.
Entre los principales argumentos vertidos, Mudry señala que se está «ante la comisión de un delito de características complejas con una arquitectura institucional y financiera de carácter transnacional».
Para más detalle, abunda que “las cuentas digitales y las transferencias fueron los instrumentos utilizados para la concreción del ilícito, y los fondos que pasaban de una cuenta a otra para luego ser transformados en criptoactivos, son los efectos, es decir, lo obtenido como producto del delito”.
“Ello más allá de la escala de la actividad ilegal que habrían desarrollado, que de acuerdo al cúmulo de evidencias con las que se cuenta, habría generado un importante volumen de ganancias y dividendos para los imputados y las sociedades intervinientes”, apuntó el camarista.
Apuestas ilegales
La causa que se inició en mayo de 2024 por una denuncia del Gobierno contra 385 sitios de apuestas online, tiene a 7 personas imputadas por el delito de «organización de juego de azar sin autorización» e involucra a al menos tres empresas de capitales brasileños que habrían sido utilizadas para hacer circular los fondos del juego clandestino: Transfero Pagamento SA, Transfero SRL y Bluegreen SA.
En cuanto a los acusados, se trata de Alejandro Antonio Gelormini; Natalia Soledad Salinas; Agustín Suarez Araujo; Santiago Corbetta; y a los brasileños Claudio Marcos Just Calvancante y Carlos Eduardo Franco Russo, quienes tienen como defensa a los abogados Federico Kiener y Mariana Oroño; además de Justina García de la Peña, que es asistida por el Dr. Ignacio Alfonso Garrone.
Los siete fueron imputados por el fiscal Agustín Nigro, quien llevó adelante la investigación, la cual se encuentra en la instancia previa al juicio, con acusación presentada y fecha de audiencia preliminar para el próximo 22 de agosto.
En tanto, el caso cuenta con dos querellas; una es la Fiscalía de Estado y otra por Casino de Santa Fe, ambas consideradas afectadas por la diversificación del juego ilegal que existe en el mundo digital.
En el derrotero judicial el último acto, previo a lo resuelto por el juez Mudry, fue la audiencia de apelación horizontal instada por la defensa de los imputados, para morigerar las cautelares reales, que implicaba el congelamiento de cuentas de billeteras virtuales y criptoactivos por una cifra estimada en 1,3 millones de dólares.
Tras expresar sus agravios, muchos de ellos de carácter estrictamente técnico por parte de las defensas, el fiscal de Cámara, Carlos Arietti, pidió que se confirme lo resuelto por el camarista anterior y que, en definitiva, se discuta durante el juicio a quién pertenecen dichos activos.
“Lo cautelado busca asegurar el decomiso, en tanto se trata de un delito pluriofensivo, que se vincula con un fenómeno social que involucra graves patologías”, como la ludopatía, sostuvo el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En los considerandos, el juez Mudry coincidió con su par Creus, al considerar que “pese a que estamos en una investigación en curso, ya se cuenta con elementos suficientes como para entender que los imputados tuvieron participación en distintos grados de responsabilidad”.
Y agrega que “todos coadyuvaron con su accionar para la organización, captación y administración de apuestas y juegos de azar no autorizados legalmente”.
“En definitiva, ante la contundencia de las evidencias existentes en la IPP, se encuentra plenamente fundada la medida cautelar relativa a los efectos e instrumentos del delito que eventualmente serán objeto de decomiso, siendo improcedente adelantar la discusión que se deberá dar en el debate, conforme los fundamentos expuestos”, dijo Mudry.
Fuente: Rosario3