La solicitud se presentó en el marco de la causa de fondos especulativos contra el país, por la expropiación de YPF.
El Gobierno argentino le solicitó hoy a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, reconsiderar su orden de que la República entregue chats de WhatsApp y otras comunicaciones del ministro de Economía, Luis Caputo.
Preska ya había aceptado un pedido de los demandantes contra la Argentina por la expropiación de YPF, en el marco del cual pretende que el país le entregue a los fondos especulativos que iniciaron la demanda, entre ellos el siempre influyente Burford Capital, la suma de Argentina le pidió a la jueza Preska reconsiderar su pedido de entregar los mails de Luis Caputo y Sergio Massa.
Ahora, la Argentina le pidió a la magistrada reconsiderar su decisión, al argumentar que el Estado no tiene en su poder los dispositivos solicitados, porque, obviamente, no les pertenecen.
El nuevo pedido de información confidencial incluye al exministro y excandidato presidencial Massa y al actual ministro de Economía Caputo, así como a varios otros funcionarios y exfuncionarios nacionales.
La Procuración del Tesoro había señalado la semana pasada que estaba “evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes”.
“La República Argentina pide a la Juez Loretta Preska que reconsidere su reciente orden relacionada con la entrega de comunicaciones (WhatsApps) de ciertos funcionarios y exfuncionarios, ya que el Estado no tiene en su posesión dichos dispositivos, porque no les pertenecen”, indicó Sebastián Maril, el especialista que viene siguiendo de cerca los juicios de los fondos buitres contra la Argentinas.
“En este caso, el tribunal pasó por alto la cuestión preliminar, necesaria para cualquier descubrimiento en virtud de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, de si los dispositivos y cuentas personales están bajo la ‘posesión, custodia o control’ de República”, señala el escrito de ,la República Argentina dirigido a Preska.
Y sostiene que “los demandantes no han cumplido con su obligación de demostrar que la República tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios actuales del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los exfuncionarios».
Por el contrario, aclara que «la legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador“, explica la notificación de la Procuración del Tesoro, que realizó dos presentaciones ante Preska relacionadas con decisiones tomadas en la audiencia de discovery del pasado 29 de julio.
Fuente: NA