Solo provocación: el Gobierno eliminará por decreto el Día del trabajador del Estado

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El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles la eliminación por decreto de la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público, que se celebra cada 27 de junio y está fijado por la ley 26.876.

«A través de un decreto que se va a firmar en las próximas horas, el Presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público», dijo Adorni durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

En sintonía con la estrategia de denigración de los trabajadores estatales, el vocero agregó: «El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene».

En verdad, muchas ramas de la actividad tienen esos días no laborables con el que en cada sector se homenajea a sus trabajadores, y son fijados en los convenios colectivos.

Sin Estado, proclama de estado permanente

«Esta medida va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este Gobierno. La argentina que rendía culto al estatismo es cosa del pasado», completó el portavoz.

El Día del Empleado Público se celebra desde 2013. Ese año, el Congreso de la Nación oficializó la fecha con la ley 26.876. La norma declaró el 27 de junio como “día de descanso para los empleados de la administración pública nacional». Y estableció que en esa jornada «no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.

En el artículo 3 de la norma se invita a las provincias y municipios de todo el país a aplicar este día de descanso. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, adhirió con la norma nacional con la provincial 14.600.

Internacional

El Día del Trabajador del Estado se celebra porque un 27 de junio de 1978 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 151 y la Recomendación 159 vinculados al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública.

Se trata del derecho de estos trabajadores a sindicalizarse.

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