A más de un año de la asunción del gobierno de Javier Milei, los trabajadores enfrentan un escenario cada vez más crítico. Las políticas de ajuste económico, que han priorizado el pago de la deuda externa y los intereses de los grandes capitales, continúan erosionando los derechos laborales y el poder adquisitivo de la población trabajadora. En marzo de este año, según los datos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) se destruyeron 9.000 puestos de trabajo formales, y, en comparación con noviembre de 2023, la caída alcanza los 195.674 trabajadores.
El ajuste promovido por el Gobierno ha generado un empeoramiento de las condiciones laborales. Según el informe del Indec de este jueves, la inflación de mayo se situó en un 1,5%, un leve descenso en comparación con meses anteriores. Sin embargo, esta cifra no refleja la realidad que enfrentan millones de familias trabajadoras, que ven cómo su poder adquisitivo se encuentra en caída libre mientras los precios de los bienes básicos siguen siendo prohibitivos.
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Como explica el especialista Luis Campos en su cuenta de la red social X: “En abril el salario en el sector privado medido por el SIPA, que no discrimina la cantidad de horas trabajadas, cayó por tercer mes consecutivo. Según la Secretaría de Trabajo perdió casi un 4% en los últimos tres meses y volvió a los niveles de noviembre de 2023”. La aclaración de la cantidad de horas trabajadas es importante, el pluriempleo y las horas extras se encuentran en niveles pocas veces vistos porque los salarios no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas.
El Gobierno nacional le puso un techo a las paritarias para que se ubiquen por detrás del ritmo de la inflación, utilizando los ingresos de las grandes mayorías como “ancla” de los precios. A esto se suma el aumento de la precarización laboral, resultado directo de la flexibilización que promueve el gobierno bajo el pretexto de «modernizar» el mercado laboral. Muchas familias tienen que elegir entre pagar servicios esenciales o cubrir necesidades básicas como alimentación y salud.
La necesidad de una respuesta colectiva
Ante este panorama, el Frente de Izquierda plantea una alternativa clara: la reducción de la jornada laboral con una redistribución equitativa de las horas, sin reducción salarial. Esta medida, aplicada a las principales empresas del país, podría generar más de un millón de nuevos empleos y garantizar que los salarios cubran la canasta básica familiar. Es una propuesta diametralmente opuesta a las políticas de ajuste y precarización que llevan adelante Mieli y Caputo.
Frente a las políticas que priorizan los intereses del gran capital sobre las necesidades de la mayoría, es urgente organizar un plan de lucha que unifique a los trabajadores y trabajadoras en defensa de sus derechos. Es fundamental exigir un aumento de emergencia que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y que garantice un salario mínimo que cubra la canasta estimada por los trabajadores de ATE-INDEC que en abril fue de $1.819.000.
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El ajuste de Milei es una agresión directa contra la clase trabajadora y un intento de consolidar un modelo de altas ganancias para el capital financiero y extractivista. La estabilidad precaria de la economía está sostenida por un endeudamiento constante que es insostenible, por eso es fundamental declarar el desconocimiento soberano de la deuda externa, romper con el FMI y poner el conjunto de los recursos en función de solucionar los graves problemas de los trabajadores y sus familias.