En las últimas décadas, Argentina ha atravesado un deterioro económico y social de magnitud histórica, cuyas consecuencias se reflejan en todos los indicadores macro y microeconómicos. Este escenario fue producto de un persistente desequilibrio fiscal, combinado con una política monetaria fuertemente expansiva y sin respaldo. Como resultado, la inflación escaló a niveles alarmantes, acumulando un 211,4% en 2023 y dejando al país en una situación crítica al comenzar 2024. Frente a este panorama, el nuevo gobierno asumió con un objetivo muy ambicioso: llevar la inflación a cero.
En ese contexto, la idea de alcanzar una inflación mensual de un dígito parecía, en un principio, imposible. De hecho, inicialmente, el propio mercado descreía de las medidas y anuncios, y descontaba un panorama peor al que finalmente se dio. Desde comienzos de 2024, el índice de precios al consumidor inició un sendero de desaceleración sostenida. Desde el pico de 20,6% mensual en enero, la inflación cayó al 2,7% en diciembre, materializando, lo que, hasta hace poco, se consideraba inalcanzable y en un plazo mucho más breve de lo esperado.
Durante el primer trimestre, la inflación encontró alguna resistencia a la baja y en marzo registró una suba al 3,7%. Este repunte tomó por sorpresa al mercado, que esperaba una cifra en torno al 2,6%. Muchos analistas plantearon que esto implicaba una ruptura del proceso desinflacionario, lo cual a nuestro entender ha sido un error.
La aceleración de los precios en marzo respondió, principalmente, a tres factores con impacto transitorio. Por un lado, a la expansión monetaria registrada en diciembre y enero –equivalente al 22% de la base monetaria– que no tuvo un impacto inmediato debido al aumento estacional en la demanda de dinero. No obstante, una vez normalizado ese comportamiento, el exceso de pesos quedó sin demanda y generó una presión hacia la depreciación del peso. Por otro lado, se sumó la estacionalidad típica de marzo, que históricamente impulsa algunos rubros regulados y estacionales, como educación y algunos alimentos. Y la incertidumbre vinculada a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las dudas en torno al esquema cambiario, también jugaron un rol clave.
La dinámica de precios mayoristas en marzo refuerza esta interpretación: con una suba de apenas 1,5%, quedó en evidencia que la inflación no respondió a ajustes de los productores, sino a decisiones de remarcación motivadas por la incertidumbre. En efecto, muchos analistas proyectaban una suba del tipo de cambio superior a los $ 1.500, lo que llevó a comerciantes a anticiparse, ajustando los precios y generando un overshooting. Una vez más, el miedo no necesitó razones para dejar su marca en los precios.
A mediados de abril, con la concreción del acuerdo con el FMI y la implementación de la unificación cambiaria, el tipo de cambio se estabilizó primero en torno a los $ 1.200 y luego perforó los $ 1.150. Esto dejó descolocados a quienes habían remarcado precios sobre la base de un dólar más alto del que finalmente prevaleció. Hoy enfrentan la disyuntiva de ajustar a la baja o resignarse a perder ventas. Paradójicamente, este exceso de precios, inducido por la incertidumbre, podría convertirse en un factor desinflacionario en los próximos meses, en la medida en que los valores se reacomoden al nuevo escenario cambiario. En línea con eso, el IPC de abril fue del 2,8%.
Analizando mayo, el relevamiento de precios que llevamos adelante desde la Fundación Libertad y Progreso mostró que en la segunda y tercera semana del mes, la variación del IPC fue prácticamente nula. Estos datos sugieren que, tras la unificación cambiaria, la inflación volvió a desacelerarse con fuerza, revirtiendo el efecto del overshooting observado el mes anterior. De mantenerse esta dinámica, el IPC de mayo finalmente podría perforar el 2%, lo que marcaría un nuevo mínimo mensual desde el inicio de la gestión de Javier Milei. No obstante, las recientes inundaciones podrían imprimirle velocidad al precio de algunos alimentos, generando algún alza en el número final. Aun así, incluso con este posible impacto, se trataría de un fenómeno puntual que no alteraría la tendencia de desaceleración inflacionaria proyectada para los próximos meses.
De cara a lo que resta del año,esperamos que los equilibrios fiscales y monetario consolidaren este proceso. La reducción del gasto público, que en la práctica representa la verdadera presión impositiva, junto con el avance en la desregulación económica, están impulsando la actividad, la cual ya exhibe un dinamismo superior al previsto. Este mayor nivel de actividad, a su vez, está traccionando la recaudación, lo que genera espacio fiscal tanto para sostener el superávit primario como para comenzar a reducir impuestos distorsivos. Se configura así un escenario clave para consolidar un círculo virtuoso de crecimiento económico y disminución del riesgo país.
En este marco, se proyecta una expansión sostenida de la demanda de dinero, permitiendo al BCRA avanzar en un proceso de monetización de la economía y acumulación de reservas, ya sea mediante compras directas o a través del Tesoro, sin generar presiones inflacionarias adicionales. Esta dinámica no solo contribuiría a reforzar la credibilidad del programa económico, sino también a mejorar las perspectivas electorales del oficialismo.
Tal cual está el derrotero, no sería raro ver una inflación de un dígito desde 2026 y en adelante.
*Economista de la Fundación Libertad y Progreso.