Con el lanzamiento de un nuevo esquema financiero para cubrir despidos, la gestión de La Libertad Avanza reactiva su ofensiva contra el régimen tradicional de indemnizaciones y su avance hacia los llamados “fondos de cese laboral”, que pueden cotizar en Bolsa, multiplicarse o esfumarse. Preocupación de trabajadores y gremios por derechos y conquistas laborales
En un paso clave hacia la reforma laboral en cuya puerta de entrada son el DNU 70/2023 y la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el gobierno nacional impulsa la implementación de los denominados “Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral” (PICs), que funcionarían como alternativa al sistema tradicional y desplazarían a la indemnización por despido.
La medida, formalizada por la resolución general 1.066/2025 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), abre un proceso de consulta pública para definir el marco regulatorio de estos instrumentos financieros, basados en el decreto 847/2024, que sienta las bases para el Sistema de Cese Laboral. A través de esta propuesta, la gestión de La Libertad Avanza busca trasladar el riesgo del despido a un mecanismo de ahorro acumulado, financiado por aportes a nivel individual, de empresa o sectorial.
En el artículo 5° de la resolución se fija un plazo de 15 días hábiles para realizar la presentación de opiniones y/o propuestas, a través del sitio web oficial de la CNV: www.argentina.gob.ar/cnv.
¿Qué son los PICs de Cese Laboral?
Los PICs podrán adoptar dos formas jurídicas: Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF). En ambos casos, deberán incluir la expresión “Cese Laboral” en su denominación y estarán –se asegura– “sometidos a estrictos requisitos” de funcionamiento. Entre ellos se establece que no podrán invertir en valores emitidos por los propios empleadores aportantes y que los fondos estarán exclusivamente destinados a cubrir situaciones de finalización del vínculo laboral, independientemente de la causa.
En el caso de los FCI, se requerirá un reglamento de gestión específico que detalle procedimientos de notificación de cese, distribución de fondos y limitaciones de inversión, como un tope del 30% del patrimonio por industria. Por su parte, los fideicomisos deberán tener contratos exhaustivos y transparentes, sin necesidad de prospecto aprobado por la CNV, aunque con la obligación de publicar información clave en la Autopista de la Información Financiera (AIF).
Participación ciudadana en el avance regulatorio
El gobierno ha optado por un proceso de «Elaboración Participativa de Normas», avalado por el decreto 1.172/2003, para recibir opiniones de ciudadanos, empresas, sindicatos y otros actores del mercado. Las presentaciones pueden realizarse durante quince días hábiles a través del sitio oficial de la CNV.
Aunque desde el oficialismo se promociona –o difunde– como un instrumento de previsión y modernización del sistema laboral, diferentes sectores ven esta medida como un paso hacia la eliminación efectiva de la indemnización por antigüedad, uno de los pilares históricos de la protección del trabajador en Argentina.
El impacto de esta reforma, de avanzar, podría modificar profundamente las relaciones laborales y las dinámicas de desvinculación en el país. La incógnita está en cómo responderán los gremios a este nuevo paso hacia una reforma laboral, que podría debilitar la negociación colectiva y dejar al trabajador más expuesto ante decisiones empresariales unilaterales.
Hasta ahora, en las más de cuatro décadas desde la recuperación democrática, se sucedieron diferentes reformas laborales y previsionales que se concretaron parcialmente o quedaron en estado de tentativa, en todos los casos cercenando o buscando cercenar derechos y en general variando hacia abajo el cálculo según nuevas normativas impuestas en el marco de planes de ajuste. Pero ninguna intentó avanzar en la eliminación de los resarcimientos a trabajadores por despidos sin justa causa.