Mientras el gobierno festeja el levantamiento del cepo y un nuevo desembolso del FMI, el acuerdo con el organismo internacional impone fuertes exigencias de ajuste fiscal, reformas estructurales y un mayor esfuerzo social, con impacto directo en los ingresos, los servicios y el bolsillo de los trabajadores
Álvaro Arellano
En medio de los anuncios y festejos del gobierno nacional por el levantamiento del cepo y nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), poco se conoció sobre el detalle de lo que exigirá el organismo a cambio de los dólares. Como ocurre en este tipo de casos, el norte del programa es alcanzar un mayor superávit, con el aporte de trabajadores, aumentos de servicios sumados a reformas laborales y previsionales.
Si bien el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se jactaron de un equilibrio en la cuentas a costas de un sostenido recorte en el último año (casi y medio), los números presentados no fueron suficientes para el organismo de última instancia, que a cambio de los 20 mil millones de dólares exigió seguir afilando la motosierra.
Luego de una primera semana con debut de esquema cambiario, que puso a prueba la reacción de formadores de precios, comerciantes y consumidores, sumado a un aviso de restauración de retenciones al campo, el gobierno nacional comienza a trabajar en lo que será el nuevo plan que le pide el FMI que incluye recortes fiscales y reformas estructurales.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), pone la lupa sobre las metas incluidas en el reporte y las consecuencias que tendrá sobre la economía real. Sostienen que el impacto del salto del tipo de campo sobre las tarifas, y las exigencias del FMI sobre quita de subsidios segmentados y desregulación de salud, energía, y transporte, entre otros, también impulsarán al alza los precios.
El organismo establece una meta de 1,3% de superávit, que el Presidente ajustó a 1,6% en su Conferencia de Prensa del viernes 11/04. En años sucesivos, el ajuste fiscal en el resultado primario se incrementa de manera significativa: en 2026 asciende a 2,2% y en 2027 a 2,5%. Entre 2025 y 2026 se registra un ajuste fiscal de 0,9% en el resultado primario, pero éste no se traduce en mejora del resultado financiero: la diferencia son servicios de deuda.
Este año se esperan mejoras de ingresos dados fundamentalmente por el Impuesto a las Ganancias (0,2% del PBI) y la suba del Impuesto a los Combustibles (0,3% del PBI). Se proyectan recortes concentrados en reducción de subsidios (0,6% del PBI) y ajuste en asistencia social a través de focalización (0,2%). También recortes en seguridad social (0,6%).
Reformas estructurales
Además del ajuste y recorte, el informe del FMI sugiere una serie de reformas que afectan a trabajadores y jubilados.
El organismo espera que “las reformas del mercado laboral ya aplicadas faciliten negociaciones salariales más flexibles y la simplificación de los procesos de despidos”. Más adelante agregan: “Se seguirán impulsando los esfuerzos para fomentar la adhesión al nuevo marco laboral, al tiempo que se considera una reforma más amplia de los mercados laborales”.
En el paquete de reforma tributaria figuran los siguientes enunciados:
▪ Reducir gradualmente Derechos de Exportación
▪ Reducir Impuesto a los Débitos y Créditos (lo que impacta negativamente en la recaudación de Seguridad Social).
▪ Trasladar monotributistas al régimen general.
▪ Disminuir el Impuesto a las Ganancias para sociedades.
▪ Reducir el gasto tributario.
Por último, y sin dar demasiadas precisiones al respecto, el texto del Fondo pide una “revisión integral del sistema de pensiones para diciembre de 2026”.
En ese sentido, el último informe presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos ante el Congreso, sostuvo: “cualquier propuesta debe sustentarse en un análisis riguroso que garantice decisiones responsables, con perspectiva de largo plazo y sin comprometer los principios fundamentales del sistema ni el equilibrio fiscal”.